El Presidente Vázquez anunció este viernes que un equipo experto está trabajando en la instrumentación de un Plan de Equidad Social que comenzará a ejecutarse en el segundo semestre de 2007 -“después del Plan de Emergencia”, dijo- con el objetivo de continuar abatiendo las situaciones de pobreza y desamparo social vigentes en la comunidad uruguaya.

El Primer Mandatario volvió a condenar estos males y enfatizó en que “su parte más dolorosa” es la secuela de discriminación y exclusión”, para señalar que “cuenta con Tacurú” para que ese Plan de Equidad tenga el aporte de quienes ya tienen amplia experiencia en procurar la inserción de los jóvenes. 

Las palabras del Presidente de la República tuvieron lugar en el acto celebratorio del 25º aniversario del Movimiento Tacurú, que se desarrolló en la Torre de los Profesionales con la presencia además del Inspector General de la Sociedad San Francisco de Sales, Padre Juan Algorta; del trabajador social y ex director de Tacurú, Padre Mateo Méndez; y el actual titular del Movimiento, Padre Pedro Incio. 

La ceremonia marcó, a la vez, el comienzo de un seminario sobre estrategias y acciones para la inserción laboral de jóvenes procedentes de contextos de vulnerabilidad social. Por ese motivo se hicieron también presentes numerosos educadores, asistentes y otros actores sociales que participaron en los distintos paneles de trabajo.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, TABARE VAZQUEZ, EN EL ACTO CELEBRATORIO DEL 25º ANIVERSARIO DEL MOVIMIENTO TACURU

PRESIDENTE VAZQUEZ: Muy buenos días para todos ustedes. Hermoso día, que marca. el inicio de una nueva estación en nuestra región, en nuestro país. Es el inicio de la primavera, la estación de la explosión de la vida y quiero reconocer que amamos profundamente la vida. Así que en este espléndido día quiero decir que para mí un honor, un gusto enorme estar con ustedes, con todos ustedes, darles la más cordial de las bienvenidas a quienes nos visitan, desearles que estén como en su propia casa, se sientan recibidos con todo el cariño y el aprecio que el pueblo uruguayo sabe a dar a quienes nos vienen a visitar, y decir también que no es con poca emoción que encaramos la presentación, en la mañana de hoy, de estas pocas palabras que vamos a trasmitirles a todos ustedes en nombre del Gobierno Nacional y en nombre mío propio. 

Padre Pedro Incio, Director General del Movimiento Tacurú; licenciada Andrea Bentancor, Coordinadora General del Proyecto para el Fortalecimiento de las Areas Formativas y Productivas del Movimiento Tacurú; estimados panelistas, amigas y amigos.

En primer lugar lo primero es lo primero y lo primero es decir gracias, muchas gracias por permitirme compartir este momento con todos ustedes. 

En segundo término, felicitaciones. Felicitaciones al Movimiento Tacurú por su difíciles pero fructíferos 25 años de vida. Porque la vida es precisamente eso: una aventura cotidiana, casi nunca fácil, a veces angustiante, pero siempre, sin duda hermosa. Hermosa en lo que tiene de don divino para unos, de don de la naturaleza para otros y de desafío para todos nosotros. 

Y en tercer lugar, nuestro reconocimiento al acierto de realizar en el contexto de este aniversario un seminario sobre estrategias para la restitución de derechos en contextos de vulnerabilidad social. 

Muy modestamente, y si usted me permiten, apenas haría una precisión a título de este encuentro. Vista la realidad a considerar, en algunos aspectos de la misma, más que restituir derechos hay que instituir derechos. Tal es la pobreza y el desamparo social que padecen no pocos de nuestros semejantes. 

Amigas y amigos, como ustedes saben muy bien, la realidad nunca es en blanco o negro, siempre presenta matices y contrastes. Permítanme, entonces, mencionar dos contrastes bastante nítidos en el Uruguay de nuestros días. Uno, es el contraste entre la consolidación de los derechos democráticos y otro el efectivo ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. En otras palabras: los uruguayos por cierto no cuestionamos la democracia como sistema político. Por el contrario, hemos hecho muchos esfuerzos y no pocos sacrificios para recuperarla cuando la perdimos y mejorarla cuando la recuperamos. 

Pero los hechos cuestionan indudablemente la calidad de la misma, la capacidad del ejercicio democrático. Los hechos cuestionan la capacidad del Estado y de la sociedad para que en la práctica los derechos sociales, económicos y culturales establecidos en los textos sean realidad en esa vida cotidiana de nuestra gente. 

Se ha ganado sin duda en democracia política, felizmente. Sin duda estamos profundizando la misma, pero aún falta generar más ciudadanía, más actividad participativa de los ciudadanos en este proceso democrático. 

El otro contraste al que quisiera referirme esta determinado por la relación entre el gasto social así llamado y la pobreza. Una precisión previa: aunque sé que la expresión “gasto social” es técnicamente correcta, en realidad debo confesarlo, a mí no me agrada. Atender los derechos y necesidades de la sociedad no es un gasto: es una inversión y si ustedes quieren es un derecho que tiende a la sociedad de ser como corresponde atendida. Hecha esta salvedad, digamos lo que ya sabemos que aunque el Uruguay es uno de los países que registra mayor gasto social en América Latina: aproximadamente el 70% del presupuesto del Estado y el 23% del Producto Bruto Interno. A pesar de ello, aún está lejos; bastante lejos, de ganar la batalla contra la pobreza y la desigualdad. 

Y ustedes se preguntarán a qué se deben tan magros resultados. ¿Porqué, según un estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2003, nuestro país, siendo probablemente el menos desigual de América Latina, presenta una desigualdad mayor que el más desigual de los países de Europa Oriental? La respuesta a tales interrogantes está determinada por varios factores. Entre ellos, a que tan importante cómo cuánto se gasta, es cómo se gasta. 

Observando la evolución del gasto social del Uruguay en los últimos veinte años, es notorio que el país hizo, más allá de aciertos -que por cierto admitimos- y errores sobre los que no queremos pasar factura, un enorme esfuerzo para proteger a los sectores de mayor edad de la sociedad se ha llevado o se ha intentado llevar adelante. Y está bien, que así haya sido. 

Por supuesto, que nuestros mayores tienen derecho a vivir dignamente. Ese esfuerzo, marcado y fundamental, se centró entonces sobre los sectores de mayor edad de la sociedad uruguaya, y los resultados los podemos ver hoy en día. 

Eso está bien. Sin duda que está bien. Pero lo que no está bien es haber desatendido a los sectores más jóvenes de la sociedad, como si ellos acaso no tuvieran también derecho a ser atendidos. Y los resultados entonces no se hicieron esperar. Los resultados están a la vista. Hoy, mientras el 10% de los uruguayos mayores de 65 años son pobres -lo cual es grave por cierto- alrededor del 50% de los uruguayos menores de 18 años vive en condiciones de pobreza o aún indigencia. 

Y decimos viven, porque en realidad, no quisiéramos utilizar el término de sobrevivencia. Las consecuencia de esos resultados también están a la vista. No es necesario que yo se las explique, pues ustedes las conocen profundamente: son los limpiaparabrisas en las esquinas, los que viven en situación de calle, los que no estudian ni trabajan, los excluidos, los infractores que, cansados de ser niños marginados, cuando dejaron de ser niños decidieron acceder como fuera, de cualquier manera, al perfume o a la bebida que, según el bombardeo mediático, los haga felices, ricos y famosos. 

Y si los niños y los jóvenes son no sólo el presente, sino fundamentalmente el futuro del país, ¿qué futuro tiene el país? Muchas veces nos hemos preguntado y cuestionado, cuando nos planteamos qué Uruguay le queremos dejar a nuestros hijos, si no deberíamos cambiar este concepto, porque... qué hijos le debemos dejar a nuestro Uruguay. 

Pero ya lo dijimos: la realidad no es unilateral. tiene lados oscuros, como esta pobreza con rostro juvenil, pero también debemos reconocer que tiene lados luminosos, como el que Tacurú ha ido descubriendo a lo largo de 25 años con sus programas de educación para el trabajo e inserción laboral para jóvenes. 

Conozco la labor de Tacurú, como lo decía la señora Blanca Rodríguez. La conozco por razones familiares, por razones profesionales, comunales e institucionales. 

Recuerdo con mucho afecto en el plano comunal -cuando nos tocó actuar como intendente de Montevideo- las perseverantes gestiones del Padre Mateo, para concretar el convenio entre la Intendencia Municipal y Tacurú. Había días que se instalaba en el corredor del segundo piso, del Intendente y de la secretaría y allí sitiaba por horas y horas nuestros frente al despacho despachos. ¿Verdad, Selva? Nos acompañaba Selva Braselli. 

Pero era una perseverancia sin duda producto de su convicción en lo que estaba haciendo y de su comprometida solidaridad con los indigentes. Desde cada una de estas perspectivas, entonces, y en la medida de mis convicciones, responsabilidades y posibilidades, hemos intentado aportar a este proyecto y a otros similares, como aportan muchos y como también muchos aportamos, como decía, a otros emprendimientos. 

Con esto les quiero decir que no están solos y que todos tenemos tareas y responsabilidades. El gobierno la suya, por supuesto. Y respecto a ella, entonces, quiero compartir con ustedes, si me permiten, algunas consideraciones. Tal vez no es una definición demasiado política ni académica, pero nosotros entendemos el acto de gobernar como un acto para acompañar a la gente, para protegerla a lo largo de la vida. A toda la gente, durante toda la vida, desde su concepción. Y ante alrededor de trescientos mil compatriotas en situación de pobreza extrema, ¿acaso podíamos ser indiferentes o no actuar de inmediato? Es por eso que instrumentamos el Plan de Emergencia. Ojalá no hubiera sido necesario instrumentarlo, pero la realidad es la realidad y de nada sirve negarla, quejarse o pelearse con ella. 

¿Que el Plan de Emergencia no es perfecto? ¿Que hubo imprevisiones en su diseño y desajustes en su instrumentación, que tiene limitaciones y carencias, que pudo ser mejor? Claro que sí, nos hacemos cargo de ese déficit. Pero como bien expresa el poeta y músico panameño Ruben Blades, en una de sus más hermosas canciones, “fácil es juzgar la noche al otro día”. 

El Plan de Emergencia es limitado. Limitado en la población que atiende, en los programas que lo componen y en los objetivos que busca, así como en su duración. Y entonces todos nos preguntaremos: y después, ¿qué? Después qué, porque la pobreza sigue. Ha disminuido, pero está en cifras muy altas. Bueno, después ya lo anunciamos en la reunión pública del Consejo de Ministros realizada el 31 de marzo pasado en la ciudad de Salto. Después del plan de Emergencia, el Plan de Equidad: equidad de género, equidad intra e intergeneracional, equidad social y equidad territorial. Porque los uruguayos no solamente tenemos que ser solidarios. También tenemos que ser iguales en todas las circunstancias: iguales ante la ley, pero sobre todo iguales ante la vida. 

Amigas y amigos, estamos precisamente en la fase preparatoria de este plan de equidad. Un equipo técnico e interministerial está preparando una propuesta que en breve será considerada por el Consejo de Ministros. Con los ajustes que corresponda, el plan de equidad comenzará a ser ejecutado en el segundo semestre del año 2007. Sería prematuro entonces anunciar hoy detalles de un plan que se está elaborando.

Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta la temática de este seminario, así como la experiencia y el compromiso del movimiento Tacurú, quiero decirles que en el contexto de dicho plan contamos con ustedes para impulsar programas de formación e inserción laboral en jóvenes, porque el plan de equidad no será un plan de tal o cual ministerio ni del gobierno exclusivamente, será un plan de fuerte impronta ciudadana y tendrá que aflorar en todo su esplendor el magnífico concepto y adhesión a la solidaridad que tiene el pueblo uruguayo. 

Fuerte impronta ciudadana, ciudadanía que no se decreta ni se da, ni se espera. Es ciudadanía que se construye día a día y entre todos; ciudadanía que no se limita a ser mayor de 18 años y tener una credencial para usar cada cinco; ciudadanía que implica un sistema de derechos y de responsabilidades y entre los derechos, el derecho a la educación y al trabajo como claves de integración social, las dos más formidables herramientas de políticas sociales que puede tener un país: la educación y el trabajo, porque a los jóvenes y especialmente a los jóvenes en situación de pobreza no solamente hay que asistirlos y protegerlos en materia de nutrición, salud, escolaridad, etc., sino que además hay que reconocerlos, respetarlos e integrarlos como sujetos que no solamente tienen el derecho a vivir dignamente, sino que además tienen el derecho y la responsabilidad de vivir en sociedad, no excluidos.

Para decirlo con otras palabras y muy esquemáticamente: 

Uno: creemos que no hay que estigmatizar la asistencia. La asistencia no es una limosna que engrandece a quien la da y humilla a quien la recibe. La asistencia es un derecho de quien la necesita y una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y hay que entender la protección como un entramado de intervenciones públicas destinadas a disminuir el riesgo y aumentar el bienestar social. La protección responde -si se me permite usar estas expresiones- a una visión holística, englobadora y homeostática, equilibradora de la organización y el funcionamiento de la sociedad. 

Y dos: creemos que no basta con asistir y proteger en término de alimentación, salud, vivienda, etcétera. 

La pobreza y el desamparo social -al menos en mi modesta opinión- no se expresan solamente en desnutrición, analfabetismo o desocupación. Se expresa también en discriminación, estigmatización, incertidumbre y falta de esperanza. Es, sin duda, una dimensión poco visible pero muy dolorosa de la pobreza. Tal vez y sin tal vez, la más dolorosa. 

Y la única forma de abordar y superar esa dimensión intangible pero sustantible (sic) de la pobreza y del desamparo, es instrumentar políticas sociales activas, ya no solamente efectivas en términos materiales sino también respetuosas de la persona -para decirlo con palabras de las antropólogas chilenas Francisca Márquez y Clarisa Albín- respetuosas de su dignidad individual; respetuosas de los derechos y responsabilidades de cada uno en tanto miembro de una comunidad. Políticas basadas en el reconocimiento al otro como un semejante cuya presencia nos importa, porque lo que el ser humano finalmente revindica pues es innato a su propia naturaleza, a nuestra naturaleza: no es solamente vivir, sino también vivir en sociedad y vivir con dignidad. Y en esto también, reitero, tenemos mucho por hacer y debemos hacerlo paso a paso y entre todos. Muchas gracias.